A partir del 1 de enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asume un rol ampliado en las estrategias de seguridad pública, gracias a la reforma al artículo 21 de la Constitución publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y promulgada por la Secretaría de Gobernación, refuerza significativamente las atribuciones de la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch. Estas nuevas disposiciones buscan consolidar una estrategia más integral y efectiva para combatir el crimen en el país.
Investigación directa y mayor coordinación
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que otorga a la SSPC y a la Guardia Nacional la capacidad de realizar labores de investigación de delitos, función que anteriormente estaba reservada exclusivamente al Ministerio Público. Además, la dependencia será responsable de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como de asistir al Ejecutivo federal en temas de seguridad nacional.
También se establecen responsabilidades en el manejo del Sistema Nacional de Inteligencia, permitiendo a la SSPC consolidar información de los tres niveles de gobierno para una respuesta más eficiente ante la inseguridad.
El texto constitucional modificado especifica que la SSPC podrá solicitar información a todas las instituciones públicas durante el curso de las investigaciones y coordinará acciones de colaboración entre las distintas instituciones de seguridad pública en el ámbito federal, estatal y municipal.
Impacto en la estrategia de seguridad
La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, afirmó que esta reforma fortalece la estrategia nacional al dotar a la SSPC de herramientas que incrementan su capacidad operativa.
“La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitirá una mayor eficiencia en los recursos y esfuerzos, evitando duplicidades y asegurando que las acciones de las fuerzas de seguridad sean coherentes en todo el país”, señaló la legisladora.
Con un plazo de 90 días para armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes, la SSPC está llamada a liderar un cambio en el modelo de seguridad, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar una mejor protección para los ciudadanos.
