El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez dejó una profunda huella en la política económica del país con su “socialismo del siglo XXI”, un modelo basado en el control estatal, la redistribución de la riqueza petrolera y la expropiación masiva de propiedades y empresas. Desde 2007, el grito de “¡Exprópiese!” se convirtió en una marca de su administración, con la nacionalización de fábricas, bancos, tierras agrícolas y compañías clave en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.
Sin embargo, tras la muerte de Chávez en 2013, su sucesor Nicolás Maduro, quien se ha definido como “hijo de Chávez” y defensor de su legado, ha emprendido un viraje significativo en los últimos años. Este cambio se refleja en una apertura económica que, aunque sin renunciar al control político, se aleja de los principios originales del modelo socialista impulsado por Chávez.
Desde 2018, Maduro ha tomado medidas que rompen con la ortodoxia del socialismo chavista. Entre ellas destacan la flexibilización de controles de precios y divisas, la devolución de propiedades expropiadas, y la privatización de empresas estatales en deterioro. Según Luigi Pisella, presidente de Conindustria, el gobierno ya ha devuelto propiedades y planea transferir al sector privado unas 350 empresas que fueron estatizadas en las últimas dos décadas.
Estas políticas han permitido a Venezuela salir de una crisis de hiperinflación que marcó su economía entre 2017 y 2018 y han eliminado la escasez generalizada de alimentos y medicamentos. En Caracas y otras ciudades, el auge de negocios destinados a consumidores de alto poder adquisitivo refleja el impacto de estas transformaciones. Sin embargo, este crecimiento ha beneficiado principalmente a una élite vinculada al oficialismo, mientras que millones de venezolanos siguen sumidos en la pobreza.
Para analistas como Antulio Rosales, profesor de la Universidad de York, y Francisco Monaldi, economista de la Universidad de Rice, este giro hacia lo que denominan “capitalismo autoritario” no responde a un cambio ideológico, sino a circunstancias externas e internas que obligaron al gobierno a adaptarse. Entre estas, destacan la caída de los ingresos petroleros –causada por la disminución de los precios internacionales y la producción nacional– y las sanciones internacionales que han aislado a Venezuela de los mercados tradicionales.
El modelo de “capitalismo autoritario” se caracteriza por permitir cierta libertad económica, pero manteniendo un control político férreo y favoreciendo a empresarios cercanos al gobierno. Según Guillermo Tell Aveledo, politólogo y decano de la Universidad Metropolitana de Caracas, este sistema no tiene la racionalidad económica de los modelos chinos o vietnamitas, sino que se asemeja más al ruso, donde una oligarquía económica cercana al poder controla gran parte de la actividad productiva.
La sostenibilidad de este modelo sigue siendo objeto de debate. Mientras que algunos consideran que las reformas de Maduro son irreversibles debido al apoyo que han recibido de sectores clave como los militares y empresarios, otros, como Monaldi, advierten que podrían ser revertidas si el país recupera sus ingresos petroleros.
Este experimento económico plantea interrogantes sobre el futuro de Venezuela, en especial ante un panorama político marcado por la disputa entre Maduro y sectores opositores que insisten en buscar un cambio de régimen.
