Mexicana de Aviación, la emblemática aerolínea estatal impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, parece estar perdiendo altura antes de alcanzar su verdadero potencial. A tan solo un año de su relanzamiento, las expectativas han sido reemplazadas por dificultades económicas, operativas y políticas que amenazan con descarrilar este proyecto que, en su momento, se presentó como una alternativa nacional para competir con los gigantes privados del sector aéreo. La cancelación de rutas y la escasa demanda de pasajes reflejan la cruda realidad de una aerolínea que, por ahora, no ha logrado cumplir con las ambiciosas metas de pasajeros que el gobierno se comprometió a alcanzar.
Con un panorama económico complejo y unos costos operativos desmesurados, Mexicana no ha logrado estabilizar su operación. Las cifras de pasajeros hablan por sí solas: la aerolínea apenas ha transportado a 382,000 personas, lo que equivale a una participación de mercado del 0.5%. En contraste, sus competidores privados como Aeroméxico y Volaris tienen un factor de ocupación superior al 85%. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mantenerla a flote, la aerolínea aún carece de los aviones propios y de la infraestructura suficiente para sostener una operación eficiente. Esta falta de equipamiento propio, combinada con los acuerdos de arrendamiento de aeronaves con TAR, ha generado más pérdidas que ganancias, lo que eleva aún más el desafío de hacer viable el proyecto.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha destinado importantes recursos para apoyar a Mexicana. De hecho, se estima que la aerolínea recibió en 2024 un presupuesto superior a los 8,000 millones de pesos, además de una inversión adicional de 21,000 millones de pesos para adquirir nuevas aeronaves. Sin embargo, esta estrategia parece más una respuesta a una necesidad política de mantener viva la aerolínea, que una solución a largo plazo basada en una planificación financiera y operativa sólida. La alianza con TAR, que al principio parecía un acuerdo estratégico, ha resultado ser una de las mayores cargas para Mexicana. Este acuerdo de arrendamiento, según expertos, no solo no favorece al gobierno, sino que también ha generado un subsidio implícito que ha incrementado las pérdidas de la aerolínea.
Para empeorar la situación, Mexicana enfrenta litigios legales que añaden un peso adicional a su ya frágil estructura. El caso más prominente es el juicio que enfrenta en Estados Unidos con SAT Aero Holdings, una empresa que originalmente iba a colaborar en el arrendamiento de aeronaves y la contratación de tripulaciones. La demanda contra Mexicana busca una indemnización millonaria por los perjuicios causados debido a la falta de cooperación de la aerolínea. Este conflicto podría resultar en consecuencias financieras y de reputación aún más graves.
A pesar de estos problemas, el gobierno ha insistido en que Mexicana seguirá operando y que se está realizando una revisión de sus rutas y operaciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha señalado que las rutas serán evaluadas de acuerdo con la demanda de pasajeros y que, en el futuro, la aerolínea se enfocará en optimizar sus operaciones para asegurar su sostenibilidad. Sin embargo, las dudas persisten. El proyecto de Mexicana no solo depende de un cambio de enfoque en sus rutas y aviones, sino también de una verdadera reinvención en su modelo de negocio, un modelo que hasta ahora no ha mostrado resultados tangibles.
El verdadero desafío para Mexicana de Aviación será si logra superar la falta de recursos, aviones propios, y una estructura de negocio claramente inestable. Si bien el gobierno ha reiterado su compromiso con el proyecto, la sostenibilidad y el éxito de la aerolínea parecen estar cada vez más alejados de una realidad posible, sobre todo si los errores del pasado continúan marcando el rumbo del presente. Mexicana de Aviación podría terminar siendo un ejemplo más de los proyectos políticos que se quedan a mitad de camino, incapaces de sobrevivir en un mercado altamente competitivo y globalizado.
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