Por José Rodríguez
En uno de los actos finales de su administración, Joe Biden ha reafirmado su compromiso con un sistema de justicia que priorice la vida sobre la muerte. La decisión de conmutar las penas de 37 condenados a muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es, más que un gesto político, una declaración moral que busca marcar un contraste con las políticas punitivas de su sucesor, Donald Trump.
Un golpe a la pena capital federal
La medida de Biden no es improvisada ni inesperada. Desde el inicio de su mandato, el presidente demostró una postura clara contra la pena de muerte al imponer una moratoria federal en 2021. Su argumento siempre ha sido el mismo: “Debemos dejar de usar la pena de muerte a nivel federal”. En palabras de Biden, esta práctica no sólo es inhumana, sino que también está cargada de desigualdades raciales y errores judiciales.
Con esta acción, Biden ha buscado garantizar que las ejecuciones no se reanuden bajo el mandato de Trump, quien asume el 20 de enero con una postura diametralmente opuesta. Trump ha hablado repetidamente sobre la necesidad de expandir el uso de la pena capital, incluso llegando a proponer penas de muerte para traficantes de drogas.
Los condenados y los casos excluidos
La decisión de Biden beneficia a personas condenadas por crímenes como asesinatos de oficiales, robos mortales y delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, excluye a tres casos notoriamente infames: Dylann Roof, responsable del asesinato racista de nueve feligreses en Carolina del Sur; Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado del maratón de Boston; y Robert Bowers, perpetrador del ataque a la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh. Estos crímenes, categorizados como terrorismo y asesinatos masivos motivados por el odio, se mantienen bajo sentencia de muerte.
Aquí, Biden traza una línea delicada. Por un lado, reafirma su posición contra la pena de muerte, pero por otro reconoce la complejidad de casos que representan amenazas simbólicas y prácticas para la seguridad nacional.
Una visión contrastante con la de Trump
Trump, por su parte, ha dejado clara su intención de revertir las políticas de Biden y reanudar las ejecuciones federales. En sus discursos, no solo ha promovido la pena capital, sino que ha llegado a elogiar el trato severo que otros países, como China, aplican a los narcotraficantes. Esto representa un retorno a una visión de justicia basada en el castigo más extremo.
¿Justicia o venganza?
La decisión de Biden plantea una pregunta esencial: ¿Debe el Estado ejercer su poder supremo para quitar vidas, incluso en casos de crímenes atroces? El presidente ha dicho que “con la conciencia tranquila, no puedo dar un paso atrás y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”. Esta afirmación no es solo una reflexión personal, sino también una crítica velada al populismo punitivo que Trump representa.
El futuro de la pena de muerte en Estados Unidos
Si bien la acción de Biden es significativa, también es incompleta. Aunque ha salvado 37 vidas, el sistema federal aún no ha eliminado la pena de muerte como una posibilidad legal. Durante su campaña presidencial, Biden prometió trabajar para abolirla por completo, un compromiso que todavía está por cumplirse.
En un país polarizado, la decisión de Biden es un recordatorio de que la justicia no debe ser guiada por el deseo de venganza, sino por la búsqueda de equidad y humanidad. Es un legado que, aunque imperfecto, traza un camino hacia un sistema más compasivo y justo.
